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El Pleno de la Corte de Garantías ha rechazado este jueves la cuestión de inconstitucionalidad remitida por el TSJCV que consideraba que imponer un tipo mínimo del 23% podría vulnerar el principio de capacidad económica, al adelantar las empresas al fisco una cantidad mayor de lo que le correspondiera. Los expertos consideraban que este adelanto suponía conceder un crédito al fisco sin intereses, aunque al año siguiente devolviera el exceso. La Corte de Garantías subraya en un comunicado que este método no grava rentas "irreales" ni "ficticias", sino que hace una medición razonable de la renta en términos reales (no estimados), netos (no brutos) y actuales (del ejercicio en curso).

Los contribuyentes no residentes en España tienen derecho a aplicar el límite conjunto del 60% del IRPF y el IP, una prerrogativa que hasta ahora estaba reservada en exclusiva para los residentes. La resolución del Tribunal Supremo dictamina que impedir a los no residentes beneficiarse de este límite vulnera el principio de libre circulación de capitales, uno de los pilares fundamentales del TFUE. El TS considera que no existen "razones de interés general que justifiquen un trato discriminatorio" basado únicamente en el lugar de residencia del contribuyente. La decisión abre la puerta a que los no residentes que hayan pagado el impuesto en los últimos cuatro años (periodo no prescrito fiscalmente) inicien procedimientos para solicitar la rectificación de sus autoliquidaciones y la devolución de los ingresos indebidos, más los intereses de demora correspondientes.

Los magistrados recuerdan que la indemnización no fue solicitada por el beneficiario en su demanda inicial, y que este concepto no podía concederse de oficio por el juez. Los magistrados plantean que la controversia consistía en determinar “si el juzgado de lo social incurrió en incongruencia por exceso”, es decir, si el juez unipersonal estaba facultado para reconocer una compensación por los daños morales causados cuando, en realidad, el litigante “no había reclamado ninguna indemnización”, relatan. Un juez no puede conceder lo que el ciudadano no solicitó en su escrito inicial de demanda, recuerda la Sala

El TC ha validado el incremento del impuesto catalán a las instalaciones energéticas, conocido como la ecotasa, aprobado por el Govern en 2022. Endesa recurrió esta actuación ante el TSJ de Cataluña, que en fecha de julio de 2024 elevó una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC para dirimir la legalidad de la medida. Se cuestionaba el empleo de un decreto-ley, mecanismo reservado para actuaciones extraordinarias y urgente. El Constitucional considera que el gobierno catalán obró adecuadamente al elegir esta vía legal: "De las diversas fuentes citadas, se extrae la conclusión de que la aprobación de la norma se justifica en la necesidad de responder de forma rápida a la crisis energética causada por la guerra de Ucrania, con medidas que aceleren la transición y la autonomía energética".