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El TS se pronuncia sobre los socios trabajadores de cooperativas que salen de la compañía por la mala situación económica: pueden acceder a la jubilación involuntaria anticipada.

En estos casos no cabe que la Seguridad Social rechace la solicitud de jubilación invocando que no se ha percibido la indemnización propia de los despidos objetivos o colectivos. La Sala explica que no cuestionándose la involuntariedad, ni existiendo indicios de fraude, resultaría excluyente el exigir a los socios trabajadores de cooperativas que acreditaran el percibo de una indemnización desconocida en el régimen jurídico de su vínculo societario.

La CE modifica las calificaciones del tamaño de las empresas

Eleva las cifras del balance y del volumen de negocio que definen cada una de las categorías empresariales a los efectos del cumplimiento de obligaciones de presentación de informes y auditorías. La modificación normativa entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024. No obstante, los Estados miembros pueden permitir a las empresas que apliquen dichas disposiciones para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2023. Una vez en vigor esta Directiva, se considerarán microempresas aquellas cuyo balance no supere los 450.000 € y su volumen de negocio se sitúe por debajo de los 900.000 €, lo que supone un ajuste al alza del 28,6%. El número estimado de sociedades de capital que se beneficiarían de una reducción de sus obligaciones de presentación de información y auditoría es del 6%.

Las acciones de responsabilidad frente a los administradores por deudas sociales no están sujetas al plazo general de prescripción.

Según el TS, dichas acciones prescriben en función de la naturaleza de la deuda en cuestión. El Tribunal Supremo justifica este nuevo criterio, en primer lugar, explicando que cuando se trata de deudas contraídas estando la sociedad en causa de disolución, la voluntad de la ley es colocar al administrador en una posición de garante personal de las deudas de la sociedad, como si se tratase de un fiador. En segundo lugar, la sentencia concluye que los dos preceptos que venían aplicándose hasta ahora para determinar la prescripción, en realidad, no son aplicables a la responsabilidad por deudas sociales.

El TS elimina las restricciones impuestas por la DGT sobre las deducciones por I+D+i.

En concreto, el Supremo establece que "es procedente la inclusión en la base de la deducción por I+D+i, de los gastos devengados en ejercicios anteriores no consignados en las autoliquidaciones correspondientes, sin que fuera necesario la previa solicitud de rectificación de las autoliquidaciones de los periodos impositivos correspondientes a las deducciones no declaradas". El fallo rechaza así el criterio que introdujo Tributos en junio de 2022. En esa fecha, el órgano emitió dos consultas vinculantes que establecían que la única vía para acreditar las deducciones era con una rectificación de la autoliquidación correspondiente a su año de generación.

La incapacidad permanente absoluta del empresario y la decisión de extinguir los contratos de sus empleados no han de ser simultáneas.

Así, la jurisprudencia permite un “plazo razonable o prudencial” entre ambos extremos para que el empleador evalúe sus opciones y adopte la mejor decisión. Con este argumento, el TS ha validado el cese de un trabajador que tuvo lugar diez meses después de la declaración de incapacidad absoluta de su jefa. En este caso, la extinción del contrato se ligó a tres factores que el tribunal tiene en cuenta: “La situación de incapacidad, el empeoramiento y el fracaso de la gestión encomendada a una de sus trabajadoras”. Por todo ello, y teniendo en cuenta los esfuerzos de la empleadora, el alto tribunal ha estimado que los ceses fueron adecuados.

Hacienda deja en el limbo a trabajadores extranjeros ante la imposibilidad de acogerse a la Ley Beckham.

La Ley de Startup, que entró en vigor el pasado 23 de diciembre, amplió el perfil de las personas que podían acogerse a este régimen tributario. Sin embargo, desde la entrada en vigor de esta norma, hace ya más de diez meses, la Administración aún no ha desarrollado el reglamento necesario para que estos nuevos colectivos puedan solicitar acogerse a la Ley Beckham. Expertos tributarios explican que la falta de desarrollo reglamentario deja a estos nuevos colectivos fuera de la realidad, ya que el procedimiento de solicitud actual no se adapta a estas situaciones y la Administración no está resolviendo sus solicitudes. “Estos contribuyentes y sus empleadores necesitan saber qué retención se les debe aplicar, no pueden estar en el limbo y menos de cara a la presentación del impuesto en junio de 2024"

El TS desestima el primer recurso que demandaba la responsabilidad patrimonial del Estado por daños en la hostelería por la normativa COVID.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el primero de los recursos en el que se demandaba la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños sufridos por una empresa del sector de la hostelería como consecuencia de la aplicación de la normativa aprobada para evitar o mitigar la propagación de la pandemia COVID-19. Esa normativa impuso, entre otros extremos, la suspensión temporal de la actividad empresarial a la que se dedica la recurrente. En la Sala de lo Contencioso están pendientes casi mil asuntos equivalentes al presente recurso. Varios miles más se encuentran en tramitación en el Gobierno.

Solo un 6% de los autónomos puede hacer frente a sus obligaciones financieras sin dificultad.

Un informe de N26 dice que casi un 40% de los trabajadores por cuenta propia en España enfrentan dificultades para pagar sus facturas y compromisos financieros. Estos datos reflejan una realidad preocupante para un sector fundamental en la economía española. Uno de los aspectos más destacados del informe es que el 16% de los autónomos encuestados admite no poder cubrir los gastos regulares del mes entre tres y seis veces al año. A pesar de estas dificultades, el sector de los autónomos experimentó un crecimiento notable durante el mes de septiembre, con uno de los mayores incrementos en la afiliación de autónomos en la última década.