Los contribuyentes no residentes en España tienen derecho a aplicar el límite conjunto del 60% del IRPF y el IP, una prerrogativa que hasta ahora estaba reservada en exclusiva para los residentes. La resolución del Tribunal Supremo dictamina que impedir a los no residentes beneficiarse de este límite vulnera el principio de libre circulación de capitales, uno de los pilares fundamentales del TFUE. El TS considera que no existen "razones de interés general que justifiquen un trato discriminatorio" basado únicamente en el lugar de residencia del contribuyente. La decisión abre la puerta a que los no residentes que hayan pagado el impuesto en los últimos cuatro años (periodo no prescrito fiscalmente) inicien procedimientos para solicitar la rectificación de sus autoliquidaciones y la devolución de los ingresos indebidos, más los intereses de demora correspondientes.

Los magistrados recuerdan que la indemnización no fue solicitada por el beneficiario en su demanda inicial, y que este concepto no podía concederse de oficio por el juez. Los magistrados plantean que la controversia consistía en determinar “si el juzgado de lo social incurrió en incongruencia por exceso”, es decir, si el juez unipersonal estaba facultado para reconocer una compensación por los daños morales causados cuando, en realidad, el litigante “no había reclamado ninguna indemnización”, relatan. Un juez no puede conceder lo que el ciudadano no solicitó en su escrito inicial de demanda, recuerda la Sala

El TC ha validado el incremento del impuesto catalán a las instalaciones energéticas, conocido como la ecotasa, aprobado por el Govern en 2022. Endesa recurrió esta actuación ante el TSJ de Cataluña, que en fecha de julio de 2024 elevó una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC para dirimir la legalidad de la medida. Se cuestionaba el empleo de un decreto-ley, mecanismo reservado para actuaciones extraordinarias y urgente. El Constitucional considera que el gobierno catalán obró adecuadamente al elegir esta vía legal: "De las diversas fuentes citadas, se extrae la conclusión de que la aprobación de la norma se justifica en la necesidad de responder de forma rápida a la crisis energética causada por la guerra de Ucrania, con medidas que aceleren la transición y la autonomía energética".

Catalunya ha empezado ya a tramitar sanciones por incumplimientos en el tope a los alquileres que rige en prácticamente todo el territorio. La consellera de Territori y Habitatge ha avanzado este miércoles en el Parlament que su departamento tramita en la actualidad 30 expedientes por incumplimientos de la ley que limita las rentas desde el año pasado, la mayoría, en el área metropolitana de Barcelona. El sector inmobiliario y los propietarios han recibido la noticia de los primeros expedientes con sorpresa. Consideran el dato de 30 incoaciones “irrelevante” si se tiene en cuenta todo el parque de alquiler, lo que indica, a su juicio, que se está cumpliendo el tope de rentas de forma mayoritaria.