Así lo establece el TS en una sentencia en la que corrige la interpretación restrictiva que venía aplicando el SEPE para quienes deciden abandonar las listas del paro para incorporarse al negocio de un familiar. Los magistrados explican que la ley busca el fomento del autoempleo y recuerdan que no existe ninguna exclusión legal expresa que impida a un familiar colaborador acceder a esta modalidad de cobro de la prestación. Hasta ahora, la doctrina judicial sobre este asunto era contradictoria. Esta nueva sentencia unifica la doctrina y establece que el espíritu de la norma es facilitar que el desempleado se incorpore al mercado laboral, sin que el parentesco con el titular del negocio deba ser un obstáculo.

En el caso en concreto, la empresa rechazó la propuesta de la trabajadora al considerarla “inviable”, pero a continuación le propuso una negociación de distintas alternativas. Esa negociación no se produjo por causa no imputable a la empresa y la gerocultora acudió a la vía judicial. Pues bien, el TSJ de Cantabria pone el foco en ese ofrecimiento y explica que el ET reconoce el derecho de estos a “adaptar la duración y distribución de la jornada” para “hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida familiar y personal”, pero añade que ese derecho “está sometido al proceso de negociación”. Así, en el caso enjuiciado, la empresa manifestó su voluntad de abrir la negociación. El tribunal señala que ofreció “una alternativa real más allá de una respuesta genérica y manifestó la voluntad de llegar a un acuerdo favorable para ambas partes”.

Si se cumplen los tiempos previstos por el Ejecutivo, el nuevo sistema podría ver la luz antes del verano, previsiblemente mediante RD y sin necesidad de pasar por una compleja tramitación parlamentaria. Diversas estimaciones del sector de autónomos y pequeñas empresas apuntan a que muchos negocios deberán asumir un gasto anual de entre 400 y 1.000 euros para implantar programas de registro horario compatibles con las nuevas exigencias.

Repuntan los contratos de una duración inferior a siete días, ya suponen un 22% del total. En el mes de marzo, se firmaron 285.158 contratos por menos de siete días, frente a los 461.292 suscritos en el mismo mes de 2019. Suponen el 45% de los contratos temporales siendo más habituales que los contratos por más de un mes, meses o hasta un año. Este fue uno de los puntos sobre los que advirtió UGT el pasado lunes, al presentar el informe elaborado por su servicio de estudios sobre la evolución del mercado de trabajo a lo largo de 2025. Los expertos plantean que de comprobarse que se está dando esta práctica, sería oportuno sustituir la penalización fija actual por un sistema de 'bonus malus' que ataje la rotación dentro de las empresas.